Gobierno de Rodrigo Paz busca abrir negociaciones mientras continúan los bloqueos contra el decreto 5503

El conflicto social en bolivia atraviesa su segundo día consecutivo con al menos 13 cortes de ruta activos, concentrados principalmente en el norte y el occidente del territorio nacional. Las medidas de fuerza son encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el Decreto Supremo 5503, una norma clave del plan oficial para enfrentar la crisis fiscal.

Las manifestaciones se intensificaron luego de que fracasara una instancia de diálogo inicial entre representantes sindicales y funcionarios del Ejecutivo. Desde entonces, los sectores movilizados advirtieron que profundizarán las acciones si no se avanza en cambios sustanciales sobre el contenido del decreto.

El eje del conflicto

La normativa cuestionada introduce modificaciones en materia económica, entre ellas un nuevo procedimiento administrativo para la aprobación de contratos de inversión vinculados a recursos naturales. El punto más resistido es un mecanismo de tramitación acelerada que permitiría autorizar proyectos mediante decreto, reduciendo la intervención legislativa.

Desde el movimiento obrero sostienen que este esquema podría vulnerar garantías constitucionales, al limitar instancias como los estudios de impacto ambiental y la consulta previa a comunidades potencialmente afectadas.

Postura sindical y condiciones para dialogar

La conducción de la COB plantea la necesidad de separar el decreto en dos partes: mantener los artículos referidos a subvenciones a los combustibles y bonos sociales, y remitir el resto del articulado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento específico.

Además, los dirigentes condicionan cualquier nuevo acercamiento a la liberación de personas detenidas durante los enfrentamientos registrados en La Paz tras una movilización de varios días.

Estrategia del Ejecutivo

Mientras persisten los bloqueos, el gobierno de Rodrigo Paz intenta avanzar en conversaciones con otros sectores sociales y organizaciones intermedias. En las últimas horas, ministros del área económica y de infraestructura mantuvieron encuentros con representantes de más de 40 entidades para explicar los alcances del decreto y recoger observaciones.

Desde el oficialismo remarcan que existe disposición para revisar artículos puntuales, pero descartan de plano la derogación total de la norma. Funcionarios nacionales insisten en que el decreto es una herramienta necesaria para sostener la estabilidad fiscal en un contexto económico adverso.

Un escenario de tensión abierta

La confrontación entre el movimiento obrero y el Ejecutivo permanece sin una salida inmediata. La exigencia sindical de anular el decreto y la negativa gubernamental a retroceder marcan un punto muerto en las negociaciones, mientras el impacto de los bloqueos comienza a sentirse en el transporte y la actividad productiva.

En ese marco, el conflicto se consolida como uno de los principales desafíos políticos del inicio de año en bolivia, con derivaciones económicas y sociales que el gobierno busca contener sin ceder en el núcleo de su programa.