02/06/2026
La medida podría liberar del property tax al 60% de los propietarios del estado. Pero el debate apenas comienza, y las advertencias sobre servicios básicos son serias.
Florida está en el centro del debate político y fiscal más importante de su historia reciente. El gobernador Ron DeSantis convocó esta semana una sesión legislativa especial en Tallahassee para impulsar su propuesta estrella: el plan "Save Our Homes", una iniciativa que busca reducir y eventualmente eliminar el impuesto a la propiedad en Florida para la gran mayoría de los propietarios del estado.
El argumento del gobernador parte de un dato concreto: el property tax en Florida pasó de 32.000 millones de dólares en 2019 a 60.000 millones en la actualidad, casi el doble en seis años. DeSantis sostiene que ese crecimiento no se condice con el nivel de servicios que reciben los contribuyentes, y que los propietarios merecen decidir en las urnas si quieren seguir pagando lo que él llama "renta perpetua al gobierno". El plan contempla elevar la exención fiscal sobre la vivienda principal (homestead exemption) de los actuales 50.000 dólares hasta 250.000 dólares en una primera etapa, lo que eliminaría el pago del impuesto sobre la propiedad para el 60% de los propietarios de viviendas en Florida. En una segunda fase, la exención subiría hasta 500.000 dólares, alcanzando al 92% de los propietarios. Los que tienen su vivienda principal en Florida podrían ahorrar en promedio unos 1.800 dólares al año.
Para convertirse en ley, la propuesta debe cumplir un proceso riguroso: primero necesita el respaldo del 60% de los legisladores en la Cámara y el Senado de Florida, y luego deberá ser aprobada por el 60% de los votantes en el referéndum de noviembre de 2026. Un camino largo, pero que DeSantis está decidido a recorrer.
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Sin embargo, la cara opuesta del plan genera alarma entre las autoridades locales. La alcaldesa Daniella Levine Cava del Condado Miami-Dade advirtió formalmente al Legislativo que el recorte fiscal representa una "amenaza directa" para los servicios básicos del condado, con un impacto proyectado de 385 millones de dólares en 2027 y 696 millones en 2028, con riesgo concreto para la seguridad pública, el transporte y el Jackson Health System. Los distritos escolares también encendieron las alarmas: tres distritos proyectan pérdidas de más de 500 millones de dólares en el primer año.

El Jackson Health System, pilar de la atención médica pública para la comunidad latina y de bajos recursos del sur de Florida, es quizás el punto más sensible del debate. Cualquier recorte en su financiamiento tendría consecuencias directas para decenas de miles de familias que dependen de sus servicios. Sus partidarios sostienen que el plan fortalecería la propiedad privada, estimularía la economía y aliviaría la carga financiera de millones de familias. Sus críticos advierten que podría generar incertidumbre sobre el financiamiento de servicios esenciales.
El debate apenas comienza. La sesión especial convocada del 1 al 3 de junio definirá si la propuesta avanza hacia la boleta de noviembre. Lo que está en juego es mucho más que un impuesto: es el modelo de cómo se financia y se sostiene la vida pública en el estado que más latinos recibe en todo Estados Unidos.
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