27/05/2026
El Congreso de Bolivia aprobó una modificación legal que despeja el camino para que el presidente Rodrigo Paz pueda adoptar medidas extraordinarias frente a la escalada de protestas y bloqueos que afectan distintas regiones del país desde comienzos de mayo.
Con más de dos tercios de apoyo, la Cámara de Diputados derogó una normativa vigente desde 2020 que limitaba las facultades presidenciales para declarar estados de excepción. La medida ya había sido aprobada previamente en el Senado.
La sesión legislativa se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de 117 diputados y se extendió durante más de cinco horas. Tras la votación, el presidente de la Cámara, Roberto Castro, confirmó la sanción definitiva de la ley.

El Congreso eliminó una restricción vigente desde 2020 y abrió un nuevo escenario político en medio de la crisis social.
Qué cambia con la nueva norma
La eliminación de esa restricción deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo pueda disponer participación militar para tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad y establecer limitaciones temporales sobre la circulación y las reuniones públicas.
La decisión llega en medio de una crisis política y social marcada por manifestaciones, cortes de ruta y reclamos vinculados a la situación económica del país.
Rodrigo Paz, que asumió hace seis meses, enfrenta desde principios de mayo una creciente conflictividad impulsada por distintos sectores laborales y sociales que exigen medidas ante la crisis económica y también reclaman su salida del poder.

La medida podría facilitar un eventual avance hacia un estado de excepción en medio del conflicto interno.
Críticas y respaldo dentro del Congreso
Desde sectores opositores cuestionaron la decisión parlamentaria y advirtieron sobre posibles impactos institucionales y riesgos para los derechos humanos.
Algunos legisladores señalaron que la modificación podría aumentar la tensión social en lugar de reducirla.
En contraste, quienes impulsaron la derogación argumentaron que los bloqueos ya generan consecuencias severas sobre el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en La Paz.

La situación mantiene en alerta a distintos sectores ante posibles definiciones institucionales.
La posición del Gobierno
El oficialismo sostiene que las protestas buscan alterar el orden democrático y apunta contra el expresidente Evo Morales como uno de los impulsores de las movilizaciones.
Mientras tanto, la tensión política continúa en aumento en Bolivia, donde el escenario interno atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.
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