El Salvador aprueba prisión perpetua para menores que cometan homicidio, violación o terrorismo

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que permite aplicar prisión perpetua a menores de 18 años que cometan delitos graves como homicidio, violación o terrorismo, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La modificación a la Ley Penal Juvenil incorpora la cadena perpetua dentro de un régimen excepcional para menores en conflicto con la ley penal, eliminando en estos casos el procedimiento especial que tradicionalmente se aplicaba a adolescentes acusados de delitos.

La iniciativa obtuvo 58 votos a favor de los 60 diputados del Congreso unicameral y forma parte de una serie de reformas legales destinadas a endurecer las sanciones contra la criminalidad, particularmente contra las pandillas que han operado durante años en el país centroamericano.

Según el texto aprobado, la pena de prisión perpetua solo podrá aplicarse en casos considerados de extrema gravedad, específicamente para quienes sean responsables de homicidios, violaciones o actos de terrorismo vinculados a estructuras criminales.

La legislación establece además que las condenas deberán ser sometidas a revisiones periódicas por parte de los tribunales con el objetivo de evaluar el proceso de rehabilitación del condenado y determinar si representa un riesgo para la sociedad.

En el caso de los menores condenados a prisión perpetua, los jueces podrán revisar la sentencia una vez que el recluso haya cumplido 25 años de prisión. A partir de esa instancia, los tribunales podrían autorizar un régimen de libertad controlada si consideran que existen condiciones para su reinserción.

La reforma también modifica el sistema judicial para estos casos. Los juzgados de lo Criminal pasarán a tener competencia exclusiva para procesar delitos sancionados con prisión perpetua, tanto cuando los acusados sean adultos como cuando se trate de menores de edad.

Antes de estos cambios, la legislación salvadoreña contemplaba 60 años de cárcel como condena máxima, con posibilidades de reducción de pena por buena conducta o por participación en programas laborales o comunitarios dentro del sistema penitenciario.

La aprobación de esta reforma se produce en un contexto marcado por la estrategia de seguridad contra las pandillas impulsada por el gobierno salvadoreño desde 2022, que incluye un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

Ese régimen fue prorrogado nuevamente por el Parlamento por 30 días adicionales, cuando se cumplen cuatro años desde su implementación. Según datos oficiales, durante ese período fueron detenidas más de 91.000 personas sospechosas de pertenecer a estructuras criminales.

De acuerdo con cifras gubernamentales, alrededor de 8.000 detenidos fueron posteriormente liberados tras comprobarse que no tenían vínculos con pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que aún existen personas inocentes que continúan encarceladas bajo las medidas excepcionales.

El gobierno salvadoreño sostiene que las reformas legales y la política de seguridad han permitido reducir de manera significativa los niveles de violencia en el país, mientras que sectores críticos advierten sobre el impacto de estas medidas en garantías judiciales y derechos fundamentales.