Bolivia acuerda crédito de USD 500 millones con el BID para fortalecer su sistema de protección social

El Gobierno de Bolivia autorizó la firma de un crédito por 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar un programa destinado a fortalecer el sistema de protección social del país.

El acuerdo fue aprobado mediante el Decreto Supremo 5573 y permitirá poner en marcha un "Programa de fortalecimiento del sistema de protección social", que incluye la creación de un nuevo registro social de hogares. Este sistema busca mejorar la asignación de recursos públicos y optimizar las políticas de asistencia a sectores vulnerables.

Según el organismo multilateral, la herramienta permitirá utilizar criterios técnicos para distribuir los beneficios sociales, reforzar la transparencia en el manejo de fondos y mejorar la gestión de transferencias directas a la población. El programa podría beneficiar a más de un millón de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

El contrato será firmado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, y posteriormente deberá ser enviado a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.

Durante una visita oficial al país en enero, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, anunció que la entidad podría otorgar hasta 4.500 millones de dólares en créditos a Bolivia entre 2026 y 2028 para proyectos de desarrollo.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que los recursos estarán sujetos a mecanismos de transparencia y aseguró que el financiamiento será destinado a proyectos que contribuyan al desarrollo económico del país.

Desde su llegada al poder en noviembre, el gobierno ha iniciado negociaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis económica y la escasez de divisas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que los créditos externos permitirán aliviar la presión sobre las reservas internacionales y ampliar el margen de maniobra para la gestión económica del país.

En los últimos años, Bolivia ha enfrentado dificultades económicas vinculadas a la caída en la producción de gas y la reducción de los ingresos por exportaciones, lo que ha provocado escasez de dólares y presiones sobre los precios de productos básicos.