La Corte Suprema de Brasil ordena preservar pruebas del operativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

La Corte Suprema de Brasil exigió al Gobierno de Río de Janeiro la preservación y documentación completa de las pruebas materiales relacionadas con el operativo policial llevado a cabo en los complejos de Penha y Alemão, donde murieron más de 120 personas.

La decisión fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó que los peritajes y cadenas de custodia sean conservados de manera "rigurosa e integral" para garantizar la transparencia judicial y el control del Ministerio Público Federal.

Supervisión judicial y derechos humanos

El fallo del STF se enmarca en una sentencia previa que fijó nuevas reglas para los operativos policiales en las favelas, con el objetivo de prevenir abusos y violaciones de derechos humanos.

El juez Moraes también convocó una audiencia con 20 organizaciones civiles y de derechos humanos para el 5 de noviembre, donde se analizará si el operativo cumplió con los protocolos establecidos por el máximo tribunal.

El gobernador Cláudio Castro deberá comparecer ante el STF para presentar un informe detallado con el número de víctimas, los procedimientos utilizados y las medidas de asistencia a las familias afectadas.

Una operación bajo sospecha

El megaoperativo movilizó a 2.500 agentes con el objetivo de desmantelar al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil.
Aunque el gobierno regional lo calificó de "éxito", el saldo de muertos es incierto: mientras la Defensoría Pública reporta 132 víctimas, las autoridades solo reconocen 121 fallecidos.

La intervención ha generado una fuerte controversia política y social, con llamados de la ONU y diversas ONG internacionales para realizar una investigación independiente.

Reacciones del gobierno y la justicia

El gobernador Cláudio Castro defendió la acción afirmando que la mayoría de los fallecidos tenían antecedentes por narcotráfico y homicidio, y que 40 de ellos provenían de otros estados brasileños.
Según explicó, las restricciones judiciales impuestas a las operaciones policiales desde 2021 habrían convertido a Río de Janeiro en refugio de miembros de bandas delictivas de otras regiones.

Por su parte, el juez Moraes advirtió que la prioridad de la justicia es garantizar que no se destruyan ni manipulen pruebas, y que las familias de las víctimas reciban acceso a información verificable sobre los hechos.