El Supremo Tribunal de Brasil exige explicaciones por la operación policial más letal de Río de Janeiro

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil exigió al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, brindar explicaciones sobre la "Operación Contención", considerada la más letal en la historia reciente del país. La audiencia fue programada para el próximo 3 de noviembre, luego de que la intervención en las favelas de Alemão y Penha dejara un saldo de entre 119 y 132 muertos, según diversas fuentes.

El juez Alexandre de Moraes solicitó un informe detallado sobre el uso de la fuerza, la cantidad de efectivos, el número de víctimas y las medidas adoptadas para asistir a los damnificados. La decisión del STF se enmarca en una sentencia previa que estableció restricciones a las redadas en zonas vulnerables para evitar violaciones a los derechos humanos.

Según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, la cifra de fallecidos incluye civiles y cuatro policías, además de 113 detenidos y 91 fusiles incautados. Sin embargo, las autoridades aún no precisaron la identidad de la mayoría de las víctimas ni el tipo de drogas decomisadas, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia del operativo.

El operativo tuvo como objetivo golpear la estructura del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil, cuyo dominio se ha expandido en los últimos años en detrimento de las milicias parapoliciales. Entre los detenidos se encontraría Thiago "Belão" do Nascimento Mendes, supuesto colaborador del líder regional "Doca" Alves de Andrade, quien logró escapar.

La magnitud de la masacre superó incluso la del Carandiru (1992), cuando murieron 111 personas. También dejó atrás las operaciones de Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022), con 28 y 25 muertos respectivamente.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, expresó dudas sobre la legalidad de la acción y afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró "aterrado" por el número de víctimas, señalando que la Casa de Gobierno no fue informada previamente sobre el operativo, ejecutado bajo la órbita estatal de Castro, aliado de Jair Bolsonaro.

En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su profunda preocupación y pidió una investigación inmediata para determinar si se violaron las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

Mientras tanto, los vecinos de las comunidades afectadas y organismos de derechos humanos reclaman mayor transparencia y rendición de cuentas. La crisis expone una vez más la tensión entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales, un dilema que sigue marcando la política brasileña en materia de seguridad.