Panamá: reportan pérdidas de 1700 millones de dólares por protestas antimineras

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá, Ruben Castillo Gill, estimó en 1700 millones de dólares las pérdidas producidas por los bloqueos de carreteras, en reclamo de la derogación del contrato minero entre la compañía minera canadiense, First Quantum Minerals, y el Gobierno de Laurentino Cortizo.

El panorama detallado por el Presidente de uno de las principales entidades empresariales privadas del país, no luce para nada alentador, a casi un mes del inicio de las protestas. De acuerdo a lo señalado por Gill, si las protestas continúan, se pondrán "en riesgo" al menos quince mil empleos.

Ante este escenario, Gill advirtió que la situación es "crítica" y le pidió al Gobierno de Cortizo que aplique la ley ante la posibilidad de que continúen los bloqueos. Vale mencionar que las protestas han generado en algunos casos el desabastecimiento de algunos productos y su consecuente disparada en el valor.

No obstante, según lo señalado por el presidente del Sindicato de Industriales, Raúl Montenegro, la afectación de las protestas se da en toda la cadena de valor y sus repercusiones afectan a varios países de Centroamérica, principalmente a Costa Rica, fronterizo con Panamá.

"Esta paralización está haciendo que se pierda mercado porque clientes centroamericanos ya están diciendo que buscarán otros proveedores", aseguró Montenegro en conferencia de prensa. Las protestas contra la concesión por 20 años a la empresa canadiense de la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica, no tienen una fecha de finalización prevista, dado que la declaración (o no) de inconstitucionalidad del contrato, ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia, que se espera defina en las próximas semanas, la polémica que ha generado las movilizaciones más grandes que se recuerden desde hace tres décadas.

El polémico acuerdo significa un aporte de cerca del 5% del PIB de Panamá y además incluye ingresos mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares.