Un grupo de congresistas guatemaltecos encabezado por el diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez presentó una denuncia por intento de golpe de Estado contra tres fiscales del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales. Los legisladores acusan que los funcionarios judiciales habrían intentado anular la victoria de Bernardo Arévalo en los comicios del año pasado.

Los cargos contra los integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad incluyen los delitos de usurpación, desobediencia y una presunta violación a la Constitución de Guatemala. "Presentamos la denuncia y los señalamos por los delitos de usurpación, desobediencia y violaciones en contra de la Constitución, por una conferencia de prensa en la cual daban a entender o intentaban hacer creer que los resultados electorales no eran los que habían sido expresados en las urnas por el pueblo de Guatemala", declaró el legislador del suspendido Movimiento Semilla, durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios señalados por los legisladores guatemaltecos encabezaron junto a la titular de la Fiscalía General del país, Consuelo Porras Argueta, una serie de acciones y medidas judiciales que tuvieron como objetivo poner en tela de juicio el triunfo electoral del actual mandatario, Bernardo Arévalo frente a la excandidata y exprimera dama, Sandra Torres.

Si bien, desde la toma del poder los cruces con la fiscal general habían disminuido, en las últimas semanas Arévalo retomó el impulso inicial y en los últimos días no descartó la realización de una "consulta popular" con el fin de remover a la titular del Ministerio Público de su cargo. Cabe mencionar que Porras Argueta tiene mandato hasta 2026 y ya adelantó que no planea renunciar a su cargo.

"Sobre la consulta popular, es una opción que estamos considerando, en el marco de las distintas acciones legales que hemos dicho, para lograr liberar al Ministerio Público de la 'red' político-económico ilegal que, en este momento, lo tiene controlado", había manifestado Arévalo, tras ser consultado por la posible realización de una consulta popular.

Tanto Consuelo Porras Argueta, como Rafael Curruchiche, entre otros, forman parte de la denominada lista "Engel", elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde se encuentran los funcionarios sancionados por socavar la democracia en el país.